***Terapeuta ocupacional del Hospital Carlos van Buren es parte de la iniciativa, junto con profesionales del Hospital del Salvador de la red de salud Valparaíso San Antonio.

Con el objetivo de avanzar en la reparación integral de las víctimas del estallido social de 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Programa de Acompañamiento y Cuidados a Personas Víctimas de Trauma Ocular, Lesiones Graves y Lesiones por Proyectiles (PACTO) han intensificado su trabajo colaborativo. Este programa, impulsado por el Ministerio de Salud y desarrollado en el Hospital Carlos van Buren y el Hospital del Salvador, busca ofrecer reparación relacionada con la salud física, mental y la dimensión social a quienes sufrieron graves vulneraciones de derechos humanos durante ese periodo.

El equipo del programa PACTO está compuesto por un psicólogo, una trabajadora social, una tecnólogo médico y la terapeuta ocupacional del Hospital Carlos van Buren, Marlén Armand, quien destacó la importancia de estas iniciativas. “Aunque han pasado más de cinco años desde los hechos, muchas personas aún necesitan esta reparación que se ofrece desde el Estado”, señaló. Actualmente, el programa cuenta con 40 usuarios activos y ha contactado a más de 100 personas en total, demostrando un crecimiento sostenido en su alcance. Además, tiende lazos con el programa en Santiago, donde los pacientes reciben atención de médico cirujano, kinesiólogo y exámenes.

Reuniones de coordinación

Uno de los pilares fundamentales para este avance ha sido la coordinación con el INDH, que incluye reuniones bimensuales para gestionar casos, derivar usuarios y reforzar el trabajo en red. Estas instancias permiten combinar esfuerzos legales y de reparación en salud, asegurando una atención integral para las víctimas. “Este trabajo colaborativo ha sido clave para aumentar el número de ingresos al programa y extender nuestra cobertura a toda la región de Valparaíso”, añadió Armand.

A pesar de los avances, los desafíos persisten. Muchas personas afectadas aún no han accedido a la reparación necesaria, mientras que otras han optado por iniciativas privadas impulsadas por los propios grupos afectados. Sin embargo, el programa PACTO continúa consolidándose como una herramienta esencial del Estado para enfrentar las secuelas del estallido social, con un enfoque centrado en los derechos humanos y la dignidad de las víctimas.